FGR acusa a exfuncionarios cercanos a Calderón por privatizar cárceles

Ya fueron imputados por varios delitos cometidos con los contratos de diversos centros penitenciarios adjudicados a la iniciativa privada, los ex funcionarios del gobierno de Felipe Calderón señalados de participar en la llamada “privatización de las prisiones”.

En días pasados, se dio a conocer en una audiencia que ya se terminó de formular la imputación de uso indebido de las atribuciones y facultades para los siguientes ex directivos de cárceles mexicanas:

Jannet Miriam Martínez Sánchez

Antonio Corona Rodríguez

Javier de Haro Alva

María Lidia Alcantar Vargas

Celina Oseguera Parra

Sergio Alberto Martínez Castuera

José Ariel Morales López

Miguel Vial Hernández

Salvador Camacho Aguirre

Francisco Raúl Rincón Gallardo Díaz

Saúl Castro Castro

Alma Delia Sánchez Ocampo

Gonzalo Villarreal Guerra

Marco Antonio Villarreal Gutiérrez

Arturo Sosa Viderique

Además, Marco Antonio Villarreal Gutiérrez, Gonzalo Villarreal Guerra y Arturo Sosa Viderique fueron imputados por las autoridades por su supuesta participación en el delito de asociación delictuosa.

La denuncia fue presentada por el Gobierno de Andrés Manuel López Obrador, ante la Fiscalía General de la República (FGR), quien aseguró que las acciones comenzaron en el gobierno de Felipe Calderón Hinojosa, cuando Genaro García Luna encabezaba la Secretaría de Seguridad.

Al respecto, AMLO ordenó al entonces consejo jurídico de la Presidencia, Julio Scherer Ibarra, llegar a un acuerdo con las empresas que administran los penales, y en caso de no hacerlo, proceder a ir a la instancia de la denuncia civil para cancelar todos los contratos.

Privatización de las cárceles en México

En enero del año pasado, el mandatario dio a conocer los contratos que se otorgaron a particulares para llevar a cabo la administración de ocho centros penitenciarios.

Según la información que compartió el Gobierno federal, los contratos iniciaron en 2010, en el sexenio de Calderón, y fueron firmados hasta el 2032, e incluso hasta 2037 en algunos casos, por un total de 266 mil 300 millones de pesos, aunque aún tenían un monto pendiente por pagar de 190 mil millones 638 pesos.

Al respecto, al secretaria de Seguridad y Protección Ciudadana, Rosa Icela Rodríguez Velázquez, afirmó que el costo mensual de cada interno se llegó a estimar hasta en 114 mil 588 pesos, un promedio diario de tres mil pesos.

Los penales involucrados estaban localizados dos en Guanajuato, uno en Sonora, uno en Oaxaca, uno en Durango, uno en Chiapas, otro más en Michoacán y el femenil de Morelos.

Los contratos fueron adjudicados directamente a empresas del sector privado como Arendal, GIA, ICA, Prodemex, Tradeco y Grupo Ideal, según lo reveló el informe Privatización del Sistema Penitenciario en México de las asociaciones civiles Documenta y México Evalúa.

Entre los apartados que destacan de los contratos, en uno se menciona que los centros penitenciarios son propiedad y responsabilidad de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, mientras que al concluir la vigencia de los contratos, el inmueble y sus instalaciones serán propiedad del proveedor.

En abril pasado el gobierno del Presidente AMLO dio a conocer que fueron renegociados varios contratos, así como el traspaso de las instalaciones al Estado al final de cada convenio.

Así, se indicó que el ahorro anual podría ser de hasta 2 mil 300 millones de pesos, es decir, 15 por ciento menos de lo firmado.

Con información de Polemón.

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