Los expresidentes entienden y temen a la pregunta de la Consulta para enjuiciarlos

No es que no entiendan la pregunta de la consulta ciudadana del 1 de agosto; le temen a la democracia; para ellos, un ejercicio accidental y extraño donde la mayoría participa y decide y que fue negado por décadas desde las altas esferas del autoritarismo.

Si los expresidentes tuvieran una capacidad de convocatoria popular para el 1 de agosto llamarían a votar por el NO. ¿Por qué no lo hacen? Porque ante el desgaste y cuestionamiento generalizado, carecen de simpatías reales que puedan movilizarse en su defensa, las del ciberespacio no cuentan a la hora de marcar las papeletas.

Por eso, para desanimar a la democracia participativa, primero argumentaron que bastaba con “aplicar la ley y que ésta no se consulta” para después cambiar el argumento y asegurar que la consulta no trata de ellos. Y ahora que se acerca la fecha y ante la movilización social que se organiza y se ha decidido por el Sí, el bando de los expresidentes prefiere desacreditar por completo el ejercicio mediante burdas estrategias digitales que nunca son suficientes cuando el reclamo popular desborda el ánimo de hacer justicia.

Y es que en esta democracia incipiente que pretende consolidarse algunos no logran entender que la consulta popular es un ejercicio legal y un derecho consagrado ya en el artículo 35 de la Constitución para resolver temas de trascendencia nacional y regional.

Claro que la pregunta que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) incluía en específico los nombres de Carlos Salinas de Gortari, Ernesto Zedillo, Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña Nieto. Pero fueron los ministros quienes decidieron ampliar, subrayo ampliar, los alcances de la misma para considerar el “esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos”.

Es decir, es obvio que la pregunta incluye a los expresidentes pero también involucra a los demás actores que, desde el poder, ejecutaron órdenes en los sexenios pasados, contrario a lo que algunas plumas orgánicas e influencers adoradores del viejo régimen quieren hacer ver.

Si pensaban que la SCJN tumbaría la pregunta, salió peor porque ésta terminó ampliando sus alcances. Ahora cabe todo aquél involucrado en decisiones públicas que provocaron un quebranto económico y social en el pasado.

También es evidente que la pregunta quedó intencionalmente “rebuscada” para evitar que los expresidentes argumentaran que se les violaba “el debido proceso”. Pero tampoco es extraño que en este país los caminos del acceso a la justicia sean laberínticos. Son las inercias del viejo régimen de la impunidad que tendrán que ir desapareciendo pero que no desalientan la participación ciudadana y a quienes por años han luchado por todos los frentes para provocar la rendición de cuentas.

En medio del debate sobre los alcances de la consulta, algunos detractores menosprecian la inteligencia de los ciudadanos y aseguran que 500 millones de pesos para la puesta en marcha de un ejercicio inédito como éste es demasiado, cuando el daño provocado a la Nación por los gobernantes anteriores es incalculable.

Además, está claro que quienes asistirán el domingo 1 de agosto a ejercer su voto saben que es el principio del camino. Que lo trascendente es el mensaje de repudio que se lanzará al viejo régimen y el impulso legitimador que se les mandará a las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia.

Los promoventes de la consulta han tenido que lidiar por igual con el Instituto Nacional Electoral (INE), que a través de su consejero presidente, Lorenzo Córdova, ha jugado un papel vergonzoso a tal grado de pretender interpretar la pregunta para sostener que no trata de los expresidentes. Aunque es claro que INE no está para interpretar preguntas sino para organizar elecciones y consultas públicas.

Y a pesar de que sus simpatizantes y defensores de oficio digan otra cosa, los expresidentes saben bien de qué trata el ejercicio. Por eso sudan frío y andan nerviosos y, si pudieran, se tomarían de la mano. No es gratuito que Vicente Fox, llama un día sí y otro también a hacerle el vacío a la consulta.

No es que en el fondo no comprendan de qué trata la consulta, les preocupan los efectos de la misma y que puedan ingresar a una dimensión para ellos desconocida: la de sentarse frente a la justicia y saldar cuentas.

Por lo pronto, valdría la pena que los expresidentes nos fueran respondiendo algunas preguntas correspondientes al ejercicio del poder en sus administraciones:

Carlos Salinas de Gortari: ¿Por qué se robó la mitad de la partida secreta, enriqueció a su hermano, le pidió mandara los millones al extranjero y provocó la crisis de 1994?

Ernesto Zedillo: ¿Por qué nos condenó a generaciones a pagar el Fobaproa, por qué la impunidad en la masacre de Acteal?, ¿por qué nos dejó sin trenes de pasajeros y terminó trabajando para una de esas trasnacionales beneficiarias de la privatización?

Vicente Fox: ¿Por qué traicionó a quienes buscaban un cambio, pactó con los mismos que prometió castigar y enriqueció a los hermanos Bribiesca Sahagún?

Felipe Calderón: ¿Por qué su adicción al dolor ajeno y tanta sangre derramada?, ¿por qué condecoró al final de su sexenio a Luis Cárdenas Palomino cuando pesaban sobre él y su exjefe García Luna sospechas fundadas de torturas y relaciones con el crimen organizado ?

Enrique Peña Nieto: ¿Por qué compró el Pacto por México, aceptó sobornos de Odebrecht, armó la Estafa Maestra?, ¿por qué espiaba con Pegasus a opositores como AMLO y a periodistas incómodos mientras se burlaba diciendo que éramos unos paranoicos?

Esperemos pues que después del mensaje colectivo que se enviará el 1 de agosto los expresidentes empiecen a responder seriamente a diversas preguntas que continúan en el aire.

Por lo pronto, al pretender desalentar la consulta popular solo ponen al descubierto la gran debilidad del viejo régimen: la participación ciudadana que pone límites y exige cuentas al poder político. Por eso el ejercicio los vuelve histéricos.

Los expresidentes no esperaban estar nunca en la antesala de la justicia. Para ellos, lo de 2018 fue un lamentable accidente social incontrolable que ha roto el pacto de impunidad transexenal.

Por eso vale la pena participar el 1 de agosto. La sociedad mandará el mensaje y las autoridades deberán hacer lo conducente dentro del marco de la ley. Nadie espera lo contrario. Hasta se puede pedir y garantizar justicia para quienes sistemáticamente la negaron a su pueblo.

P.D. Ahora resulta que los de The Economist, imprecisos en sus métodos de investigación periodística, nos quieren dar cátedra de quién es Cantinflas, ya solo falta que por igual nos digan cómo comer tacos al pastor.

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